Los representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana que la empresa Promotora Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, ha logrado ingresos probablemente superiores a los 4 mil millones de pesos desde la puesta en funcionamiento de la autopista Tepic-Mazatlán en 2005, sin que a la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya pagado la indemnización correspondiente a las familias afectadas. Durante una conferencia de prensa efectuada esta mañana, los ejidatarios expresaron en voz de Miguel Alvarado y su asesor Ernesto Pérez Virgen, que “parece convertirse en un hábito que las empresas registren altos beneficios económicos, mientras que a los dueños de la tierra, quienes vivimos en el campo y hemos sido desposeídos de manera ancestral, el poder político y el poder económico han llegado a despojarnos nuevamente y a usufructuar nuestras tierras sin antes nosotros haber recibido una indemnización como lo marca la ley, a precio justo y a valor comercial actualizado”. Pérez Virgen argumentó que la denuncia no es contra el empresario Carlos Slim y su corporativo. “Ojala el señor Carlos Slim pueda ser aliado en un acto de justicia agraria para que a los campesinos les paguen su tierra; eso es lo que quisiéramos enfatizar porque es la SCT la responsable junto con la Reforma Agraria, hoy llamada Sedatu, los que violentaron los derechos campesinos y los que han provocado esta crisis y que pueden provocar una ingobernabilidad campesina en estos tres estados”. Los dueños de la tierra aseguraron que ya no están dispuestos a que les ocurra un nuevo “ninguneo y discriminación” por ser campesinos, como ya sucedió en la autopista Tepic-Mazatlán, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2005. “A ocho años de su inauguración, no nos han pagado, mientras que la empresa constructora y concesionaria de dicho tramo, Carso e Inbursa del señor Carlos Slim Helú, habrían logrado dividendos que de acuerdo con los números obtenidos del propio Gobierno Federal, podrían superar los 4 mil millones de pesos”, expresó Miguel Alvarado. De acuerdo con la página de Internet de la autopista Tepic – Mazatlán, la vía está concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V., y es operada por la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL). Los ejidatarios dijeron que de acuerdo con una solicitud de información de 2010, la Secretaría de la Función Pública nos respondió que la autopista tiene un promedio de 3 mil acciones diarias, es decir, tres mil pases de transporte. En ella existen tres casetas: ubicadas en terrenos de los ejidos en Escuinapa, Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit, lo que incrementa el número a 9 mil pases de caseta. Pérez Virgen agregó que “la SCT, apoyándose en autoridades agrarias municipales y estatales, obligó a los campesinos, mediante actos de violencia, a firmar la aceptación de la construcción de la autopista, les hicieron firmar hojas de papel en blanco, que después resultaron convenios de ocupación previa, donde dicen que entregaron a unos siete mil pesos. Mucho del dinero entregado a los campesinos es dinero en efectivo y hay indicios que funcionarios de la SCT les quitaban hasta el 40 por ciento”. El representante de los campesinos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit agregó que “esta es una postura enérgica contra el Gobierno Federal, porque es el Gobierno Federal quien ha concesionado la tierra de los campesinos sin haberlas pagado y el dato duro de que las empresas de Carlos Slim son las que están ganando, pues lo damos como una prueba de la violación que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al concesionar la tierra de los campesinos de Nayarit y Sinaloa y no queremos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto concesione la tierra de los campesinos de Mazatlán, del municipio de Concordia, Sinaloa y de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, si antes no les paga a la tierra a los campesinos”. Los ejidatarios afectados expresaron que en el caso de la autopista Mazatlán-Durango, desde el año 2003 comenzaron a construir a través de convenios de ocupación previa y es la fecha en que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les niegan el resultado del avalúo de sus tierras y el monto de indemnización a la que tienen derecho. “Queremos advertir a los funcionarios de la SCT, tanto aquí como a los que están en nuestros estados que los convenios de ocupación previa sólo sirven para construir, pero no para la operación de la concesión, de tal forma que estamos dispuestos a que si no nos han pagado al día de la inauguración, detendremos el funcionamiento de la autopista y de las empresas depredadoras de nuestros bienes”, sentenciaron durante la conferencia de prensa.